El Consejo Directivo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) resolvió exonerar a Virginia Aparicio, investigadora de la Unidad Integrada Balcarce que coordinó en Argentina el proyecto internacional SPRINT, dedicado al estudio de residuos de agroquímicos en el ambiente y en el organismo de personas voluntarias.

La decisión fue adoptada este lunes y quedó formalizada mediante la Resolución 366 del organismo. Según informó el medio especializado Bichos de Campo, la medida constituye la sanción más grave prevista en el régimen de empleo público nacional y aparta a la investigadora de su cargo en el INTA.

La resolución se fundamenta en las conclusiones del sumario administrativo iniciado en diciembre de 2023 y atribuye a Aparicio incumplimientos vinculados con el ejercicio de sus funciones y el manejo de recursos públicos durante el desarrollo del proyecto.

LOS FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN

Entre los cuestionamientos formulados por el Consejo Directivo figura la participación de José Luis Costa, investigador retirado del INTA y conviviente de Aparicio, en tareas de coordinación y acceso a información del proyecto. El organismo sostuvo que esa intervención no contaba con la autorización institucional correspondiente ni había sido formalizada por los órganos competentes.

Otro de los puntos observados fue el procedimiento utilizado para gestionar los fondos europeos destinados a SPRINT, que ingresaron a la contabilidad del INTA. La resolución detalla ingresos por más de $5,6 millones y egresos superiores a los $5,5 millones, además de cuestionar la decisión de centralizar determinados análisis en el exterior sin la autorización institucional que consideraba necesaria.

No obstante, el propio documento aclara que los montos consignados no permiten establecer, por sí solos, la existencia de un perjuicio fiscal equivalente. También reconoce que no se acreditó un beneficio económico para la investigadora y que esta no registraba antecedentes disciplinarios, aunque considera que esas circunstancias no modifican la gravedad de las faltas atribuidas.

La resolución también señala observaciones sobre la intervención del comité de ética y diferencias entre la cantidad de participantes contemplada en el protocolo y la informada posteriormente durante el desarrollo del estudio.

Aparicio había solicitado la nulidad del sumario y planteado objeciones relacionadas con su derecho de defensa y un presunto trato discriminatorio. El Consejo Directivo rechazó esos planteos al considerar que se había respetado el procedimiento administrativo.

EL PROYECTO QUE GENERÓ CONTROVERSIA

SPRINT fue una iniciativa financiada por la Unión Europea a través del programa Horizonte 2020 y coordinada internacionalmente por la Universidad de Wageningen, de los Países Bajos. Su objetivo era desarrollar herramientas para evaluar los efectos de los productos fitosanitarios sobre el ambiente, los animales, las plantas y las personas.

La participación del INTA había sido aprobada en 2020. Sin embargo, en diciembre de 2023, el organismo resolvió desvincularse del proyecto y dispuso la apertura de un sumario administrativo. Meses antes, en junio de ese año, había ordenado suspender una presentación pública de los resultados.

La controversia volvió a tener repercusión en Balcarce el pasado 15 de octubre, cuando Aparicio presentó los resultados de sus mediciones ante el Concejo Deliberante, a título personal. Previamente, el INTA había aclarado que las expresiones de sus agentes sin representación institucional no implicaban un aval oficial a los contenidos expuestos.

En relación con los resultados científicos, la resolución cita un informe del propio proyecto SPRINT que señala que las ingestas de glifosato estimadas para los grupos estudiados no superaron la ingesta diaria admisible de referencia. El documento también advierte que la información sanitaria disponible no resultaba adecuada para realizar un análisis epidemiológico.

OTROS AGENTES ALCANZADOS POR EL SUMARIO

El procedimiento administrativo involucró a otros trece agentes del organismo. Según la información publicada por Bichos de Campo, el director de la Estación Experimental Agropecuaria Balcarce, Facundo Quiroz, recibió una suspensión de quince días, mientras que Eduardo De Gerónimo fue sancionado con veinticinco días. Otros agentes fueron eximidos de responsabilidad.

Además, la resolución dispone comunicar los antecedentes a la Oficina Anticorrupción ante la eventual configuración de delitos de acción pública y solicita un informe sobre la liquidación del acuerdo de subvención para evaluar si corresponde iniciar un procedimiento de responsabilidad patrimonial.

La exoneración de Aparicio marca un nuevo capítulo en la controversia institucional y científica que rodeó al proyecto SPRINT y sus investigaciones sobre la presencia de residuos de agroquímicos.