El uso de agroquímicos puede provocar cáncer en seres humanos. Así lo estableció ya en 2015 la Agencia Internacional de Investigación sobre el cáncer (IARC, por sus siglas en inglés) dependiente de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Pero, tuvieron que pasar más de cuatro años para que el Estado argentino lo reconociera, en el marco de un sinfín de conflictos ambientales en su territorio, en gran parte producidos por las fumigaciones en los campos y los pueblos afectados. Para peor, un grupo de ambientalistas descubrió que la información fue ocultada.

Sucede que también en 2015, el Instituto Nacional del Cáncer (INC) realizó una investigación para determinar la relación entre los distintos agroquímicos y la enfermedad. Las conclusiones nunca se publicaron y el acceso a la información pública se garantizó recién cuando el abogado ambientalista, Marcos Filardi, hizo un reclamo en 2019 a la por entonces Secretaría de Salud del gobierno de Mauricio Macri.

En síntesis, el informe que elaboró el Instituto Nacional del Cáncer –alentado por lo que antes había advertido el IARC-, sostiene que el uso de agroquímicos es «potencialmente cancerígeno» para el ser humano. El hecho que esto sea admitido por una dependencia del Estado, hizo que por primera vez en la historia exista un reconocimiento oficial de que hay relación directa entre los químicos utilizados para eliminar las plagas en las cosechas, y distintos tipos de cáncer. La noticia -además- se dio a conocer en el Día Mundial contra el cáncer, el pasado jueves 4.

Desde los profesionales y ambientalistas que participaron de este reclamo para acceder a la información pública, sostienen que las conclusiones del informe «se frenaron» ante una «feroz campaña desde las corporaciones empresarias vinculadas al agronegocio». Creen que «alguien de mucho peso» pudo evitar que los resultados del estudio del Instituto Nacional del Cáncer no salieran a la luz en el año 2015.

Solamente pudo ser mencionado por la periodista Anabel Pomar en la revista digital La Vaca MU.

«El informe del IARC referencia solo investigaciones de científicos independientes, es decir, que se encuentran libre de algún conflicto de intereses. Por eso se desató una feroz campaña de todas las empresas para desacreditar este estudio», le explicó al portal Infocielo el ingeniero forestal Claudio Lowy, uno de los ambientalistas que más denuncia en el país los efectos nocivos de los agrotóxicos.

«El documento informa de la evidencia limitada de su carcinogenicidad en humanos, de la suficiente evidencia de carcinogenicidad en animales experimentales; lo que conduce a su clasificación como probablemente cancerígeno. Además, de la fuerte evidencia de que el glifosato puede operar con dos características claves de conocidos carcinógenos humanos (genotoxicidad y estrés oxidativo), y que éstos pueden actuar en humanos», agregaron desde un documento de BIOS Argentina, al cual accedió este medio.

En resumen, se suma una nueva prueba determinante para establecer una relación directa entre la exposición a los agroquímicos y el cáncer. Una realidad que hasta ahora viene siendo resistida por gran parte del arco del agronegocio, quienes se apoyan en las mencionadas «buenas prácticas del agro», en donde consideran que a determinadas distancias y uso responsable de las pulverizaciones, no hay peligro para la población.