Desde Balcarce, reclama justicia por ultraje "K", que le expropió más de 1.400 hectáreas
La vida le permitió al médico veterinario y productor agropecuario Juan Luis Ercolano, radicado en Balcarce desde el año 1993, soñar con un emprendimiento urbanístico en Río Gallegos, ciudad en la que inició su actividad comercial ligado a la cría y recría de ganado bovino pero en la que, además, fue funcionario de la Municipalidad sureña.
Fue en 1984 cuando adquirió un campo de 2 mil hectáreas lindero al ejido urbano de la capital de Santa Cruz, la provincia de la familia Kirchner. Claro está que una superficie de esa magnitud no tiene el valor económico que si alcanzan las tierras de aquí atendiendo a su escasa productividad. Proyectó dos años después con su visión de futuro, y apostando al desarrollo de la comunidad, la urbanización de esa zona a la que llamó barrio San Benito. Pero la expropiación de esas tierras por parte del Estado Provincial en 2006 lo dejó sin nada.
"Quizás a quienes llegue este relato no les sorprenda o no quieran saber de un ultraje más del kirchnerismo, pero siento la imperiosa necesidad de acudir, de gritar por los dolores que me produce la violencia, de clamar por Justicia o tal vez solo de saber que alguien me escucha", dijo Ercolano a El Diario.
EL RELATO
En su pormenorizado relato, el empresario agropecuario explicó que cumpliendo con la legislación vigente, que fija los requisitos de aprobación y aceptación de los planes de fraccionamiento y urbanización de tierras, consiguió el 30 de octubre de 1990 la aprobación del loteo de su predio, ubicado al oeste de la ciudad de Río Gallegos, por parte del Ministerio de Obras Públicas provincial. "Ahora está dentro del ejido de la ciudad ya que hacia ese sector era el único donde podía crecer", comentó.
Años más tarde, en 1996, el Departamento de Tierras informó que no había más terrenos fiscales disponibles para entregar a los vecinos a través de planes financiados con entidades públicas por lo que comenzaron a tomar forma las ventas privadas.
Mientras tanto, ¿qué pasaba con el barrio San Benito? Contó Ercolano que "avanzamos con los trabajos de apertura de calles, amojonamiento y tendido de redes de suministro eléctrico. En tanto, a partir del 1 de febrero de 1993 empezó la venta de terrenos a través de los sindicatos UPCN Seccional Río Gallegos y del Centro de Empleados de Comercio bajo la modalidad de financiamiento en cuotas y descuento por planilla. Más tarde se agrega la venta en forma particular".
En octubre de 1997, el emprendedor firmó un convenio con Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE), en consonancia con la Resolución 466 del 27 de octubre de 1997, "por el que me obligo a construir a mi exclusivo costo y cargo el tendido de las líneas de alta y media tensión con transformadores de electrificación urbana, y a donar la obra, una vez terminada, a favor del SPSE. En el año 2001, a fin de financiar parte de la obra que comprendería unos 1.500 lotes, debí gestionar un préstamo hipotecario ante el Banco de la Nación Argentina por unos 450.000 dólares. La obra demoró varios años en construirse y, teniendo en cuenta la catástrofe económica e inflacionaria de aquellos años, demandó finalmente una inversión de 600 mil dólares".
LA EXPROPIACION
Según contó Ercolano, bajo el argumento de la necesidad de desarrollar urbanísticamente el lugar, el 11 de agosto de 2005 el Poder Legislativo de Santa Cruz sancionó la ley 2791 que declaró de utilidad pública y sujeta a expropiación 1.968 hectáreas registradas en la Dirección Provincial de Catastro bajo su nombre. Esto es el barrio San Benito. Un par de meses después el Poder Ejecutivo provincial promulgó el correspondiente decreto que delimitó las fracciones de la primera etapa de expropiación y en noviembre el fiscal de Estado impulsa juicio de expropiación contra el propio Ercolano "en relación a los bienes inmuebles que fueran declarados de utilidad pública y sujetos a expropiación conforme a la citada ley". En ese mismo mes, además, el Ejecutivo remitió a la Legislatura un proyecto para declarar de "utilidad pública y sujeta a expropiación" dicha fracción de tierra para desarrollarlo urbanísticamente.
Sostuvo Ercolano que el gobierno de Santa Cruz a cargo del kirchnerista Sergio Acevedo destacó entre las motivaciones de la iniciativa "la radicación de numerosas familias en el lugar como las precarias condiciones relativas a los servicios públicos e infraestructura que servían la zona, y que la medida tendía a dar marco a las sucesivas acciones que sean necesarias implementar desde el Estado para la mejora en la calidad de vida de esos moradores".
Además de delimitar las áreas sujetas a la expropiación, efectuada en dos etapas, el Estado, de acuerdo a la valuación fiscal, ofreció como indemnización expropiatoria, de acuerdo a la valuación fiscal, cerca de 31 mil pesos.
OFERTA RECHAZADA
"La oferta fue rechazada por lo que inicié el procedimiento judicial solicitando la posesión del bien ofreciendo pruebas fundadas a derecho y peticionar según la pretensión perfilada", explicó Ercolano, quien también manifestó, entre otras consideraciones, que "el valor fiscal así determinado sea correspondiente con el objetivo de los bienes afectados" y "que el emprendimiento denominado barrio San Benito, lejos de ser una 'especulación inmobiliaria', era una creación empresarial que había tenido como hecho motivador el crecimiento de la ciudad de Río Gallegos".
En su presentación, Ercolano también dejó constancia de su "absoluta disconformidad con el monto indemnizatorio" que le ofreció el Gobierno de Acevedo por lo que estimó el monto "conforme a los valores que se manejaban entonces en el mercado. Designé al representante ante el Tribunal de Tasaciones, ofrecí prueba, fundé en derecho, efectué reserva del caso federal y concreté mi pretensión. En pocas palabras, cumplí con todas las reglas legales del proceso expropiatorio".
Recién en febrero de 2013 se dictó sentencia en primera instancia la que fue apelada en tiempo y forma por el propietario de las tierras expropiadas por lo que el expediente fue elevado a la Cámara de Apelaciones de Río Gallegos. "A la fecha, la Cámara todavía no se ha expedido pese a los numerosos pedidos que se le han realizado por distintos medios, denegándoseme sistemáticamente justicia y viéndose vulnerados mis derechos frente a la ley", terminó diciendo.
