Los decretos ley provinciales 7.290 y 9.038 resurgen y con ellos se reaviva la polémica

El 2018 viene de la mano de más golpes al bolsillo de los bonaerenses, con ello, las facturas de luz trajeron en enero la novedad de la vuelta del cobro de dos impuestos que están sumergidos en una puja judicial.

Para los balcarceños, la novedad había llegado antes, ya que , como se informara oportunamente, el titular de la Cooperativa de Electricidad, Jorge Guzmán, lo anticipó en la conferencia de prensa realizada el 22 de diciembre.

Tal como se aclaró en ese momento, nada tiene que ver la institución local en este incremento dispuesto desde Provincia.

En las facturas de enero hicieron su reaparición, tras un fallo de la Suprema Corte Bonaerense, dos ítems que desde julio de 2016 estuvieron ausentes, por una medida cautelar de primera instancia. Se trata de dos Fondos Especiales: "Desarrollo Eléctrico" y "Grandes Obras" -los decretos ley provinciales 7.290 y 9.038 respectivamente-, dos adicionales que sumaban un 15,5% al importe final y que representaban tributos por obras que no se ejecutaron.

En ese sentido, estos dos "nuevos" o regresados impuestos, tienen como destino las arcas nacionales y bonaerenses, que a porcentajes de hoy representarían un 13 por ciento que los usuarios tienen que pagar cada mes, a lo que da un total del preocupante 48,6 por ciento en las boletas residenciales en relación con el costo de la energía consumida.

Cabe destacar que cada factura eléctrica incluye dos tipos de cargos: los energéticos, vinculados con el consumo (fijos o variables dependiendo del período y la categoría del usuario) y los tributarios, según lo dispuesto por cada jurisdicción. En la provincia de Buenos Aires estos cargos son el IVA (21 por ciento); la Contribución Provincial Decreto Nº1795/92 (0,64 %); la Contribución Municipal Decreto Nº1795/92 (6,42 %), el Decreto Ley 7290/67 (10 %), el Decreto Ley 9038/78 (5,5%) y la Ley Provincial 11769 (5%).

La polémica sobre estos dos impuestos que vuelven tiene como antecedente mayo de 2016, cuando un fallo firmado por el juez en lo Contencioso Administrativo pergaminense Luciano Savignano hizo lugar al planteo de dos concejales del radicalismo de esa ciudad contra el cobro de sendas tasas creadas en 1967 y 1978.

Los concejales, Carlos Elizalde y Ramiro Llan de Rosos, consideraron en su presentación que "si bien la recaudación obtenida por esas disposiciones debía asignarse a obras, estudios y proyectos relacionados con la infraestructura eléctrica, los fondos iban indefectiblemente a parar a rentas generales".

Esa resolución judicial hizo que la suspensión del cobro, que comenzó orientado a los demandantes, se extendiera a todo el territorio bonaerense a partir de una gestión de la Defensoría del Pueblo de la Provincia, liderada entonces por Marcelo Honores

Sin embargo, en noviembre pasado la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de San Nicolás hizo lugar al reclamo de la Provincia para reiniciar los cobros; la oficina del actual Defensor del Pueblo, Guido Lorenzino recurrió a la Suprema Corte bonaerense, pero el alto tribunal avaló a la Cámara, por lo que los gravámenes cuestionados volvieron a incorporarse en la facturación.

Fuentes de la Defensoría del Pueblo de la Provincia adelantaron que están "analizando" la resolución y examinando qué pasos se pueden tomar para "frenar la maniobra". De todas, alertaron: "Son dos impuestos que ya no están vigentes; es otro aumento encubierto en la factura".