En la última sesión del Concejo Deliberante se debatió un proyecto impulsado por la APDH por el cual se pidió que se retirasen de la “Sala de los Intendentes” del Palacio Municipal las fotos de los jefes comunales que no fueron elegidos democráticamente sino que ocuparon ese cargo durante gobiernos de facto.

El pedido generado desde la Asamblea Permanente por Derechos Humanos –Regional Balcarce-, “en ejercicio del derecho constitucional de peticionar ante las autoridades”, refiere a que el mencionado espacio de la Municipalidad “cuelgan cuadros exhibiendo las fotografías de pseudo intendentes que usurparan esa función durante el período comprendido entre los años 1976 y 1983”, resaltando que “los rostros de dichos personajes -que ejercieron su función debido a un previo acto de fuerza- se encuentran exhibidos en un pie de igualdad con los de aquellos ciudadanos que accedieron a la función pública en cumplimiento de un mandato popular expresado de conformidad a las normas constitucionales vigentes” y que, a su entender, la exhibición de dichas fotografías en un inmueble del pueblo de Balcarce “puede implicar un homenaje de las actuales y diferentes autoridades comunales a dichos personajes” así como “la reivindicación de la actuación de funcionarios de la dictadura cívico-militar en nuestro distrito”.

Consideran asimismo que la permanencia de la figura de dichos funcionarios de facto sobre una pared del palacio municipal, “sugiere un reconocimiento –no deseado, pero vigente- del autoritarismo y el totalitarismo encarnado en nuestro Partido por esos personajes” e implica “un mal ejemplo para nuestra juventud, ya que exalta la figura de hombres que violaron clara y trágicamente la Constitución Nacional”, constituyendo su permanencia “una ofensa al pueblo balcarceño en general y a las víctimas locales del terrorismo de Estado y sus familiares en particular, ya que dichos funcionarios adhirieron con su actuación y servicio a un sistema político caracterizado por la persecución, tortura y muerte de sus opositores”.

Suman a estos fundamentos que “.los rostros de dichos personajes no están exhibidos como testimonio de acciones reprochables y/o antidemocráticas” y que no existe junto a sus figuras manifestación alguna de condena a su actuación por parte de las sucesivas autoridades municipales”

Por otra parte, la nota de la APDH resalta que “los lugares públicos no deben ser espacios contenedores de referencias a personas o acciones identificadas con períodos dictatoriales, y/o la intolerancia, y/o el autoritarismo, y/o la represión y/o la violación de los derechos humanos” entendiendo que la exhibición de fotografías de los representantes de la dictadura en edificios públicos contrasta con el espíritu democrático manifestado reiteradamente por diferentes autoridades comunales, por el pueblo balcarceño y por la inmensa mayoría de argentinos” y que “el haber sido dichos funcionarios de facto parte de la historia local, no impone ni determina obligación alguna de exhibir, ni de reconocer, ni de homenajear sus figuras".

EL PEDIDO CONCRETO

Por los motivos expuestos se solicitó “disponer mediante Ordenanza la prohibición de exhibir, y el retiro de todas las dependencias municipales de retratos, fotografías, bustos, placas y toda figura alegórica dedicados a recordar a funcionarios civiles o militares que hayan desempeñado algún cargo durante la dictadura cívico-militar que asoló al país entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983”, agregando el pedido de adoptar igual medida “para quienes hayan desempeñado algún cargo en anteriores dictaduras, excluyendo sólo a quienes hubieran con posterioridad accedido a un cargo público mediante el mandato de la ciudadanía en una elección libremente expresada”.

TRATAMIENTO

El tema fue tratado en la Comisión de Seguridad, Derechos Humanos y Garantías Constitucionales teniendo despacho dividido ya que ante la decisión mayoritaria de su envío a archivo, el concejal Facundo Rey votó por su aprobación.

Con dicho antecedente llegó para su tratamiento en sesión y tras la lectura completa del pedido Rey hizo uso de la palabra para defender su postura resaltando que el radicalismo fue “cómplice oscuro para que asumiera el gobierno de Uriburu” lo que dio lugar a la inmediata reacción del oficialismo. Cassini tildó de “desafortunada” la frase del edil de Unidad Ciudadana sosteniendo que de ningún modo hubo complicidad, tras lo que le recordó que “el líder de su partido (Perón) acompañó a Uriburu. De igual modo hizo referencia a que el Justicialismo no acompañó la formación de la CONADEP y sí lo hizo con las leyes de amnistía, resaltando para cerrar que “el radicalismo fue víctima y no cómplice de un golpe de Estado".

Compartiendo tales expresiones sumaron sus puntos de vista Bianchini, Salvo y Vildoza tras lo cual se pasó a votación aprobándose la remisión a archivo por 16 votos a favor frente al rechazo de Facundo Rey y Florencia García.