El presidente Alberto Fernández dijo que la Constitución le “prohíbe” dictar un indulto en favor de la dirigente social Milagro Sala, luego de que quedara firme su condena a 13 años de cárcel en la causa “Pibes Villeros”, y afirmó que tiene la “convicción” de que todo el proceso judicial alrededor de la dirigente jujeña “estuvo plagado de un tinte político inadmisible”.

“Me parece que la solución no pasa por un indulto mío porque la Constitución me lo prohíbe, por tratarse de una sentencia dictada por tribunales provinciales”, dijo el mandatario, en medio de los reclamos de sectores del Frente de Todos para que se dicte un decreto que purgue la situación penal de la referente social.

Alberto Fernández, quien había visitado a la líder de la Tupac Amaru a mediados de año luego de haber sido internada por una complicación en su salud, remarcó que, “con mucho pesar”, como Presidente solo puede “indultar en sentencias de jurisdicción federal”, una circunstancia que no aplica a la sentencia contra Milagro Sala, a raíz de que el caso “Pibes Villeros” es de órbita provincial.

“Soy un hombre de derecho y no pudo vulnerar la Constitución”, resaltó en declaraciones a Radio Con Vos.

La semana pasada, la Corte Suprema de Justicia convalidó el fallo de la justicia ordinaria de Jujuy, donde fue condenada a 13 años de prisión por defraudación de fondos públicos. La investigación acusaba a la dirigente de encabezar una asociación ilícita con funcionarios provinciales y cooperativistas con los supuestos fines de desviar dinero del Estado.

Alberto Fernández subrayó que, al leer la sentencia del máximo tribunal, se denegó el recurso extraordinario presentado por la defensa de Sala porque “es un tema de la justicia provincial que no tiene ningún agravio general”.

Sin embargo, según la perspectiva del jefe de Estado, quedan alternativas. Entre ellas, y por tratarse de una jurisdicción provincial, que el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, en vez de indultar, “podría conmutar la pena”. “Milagro Sala vivió casi 7 años de prisión preventiva sin condena firme, y eso es algo muy abusivo”, dijo. Y se mostró de acuerdo con que “se debería plantear el tema en los organismos internacionales”, ante la resolución taxativa de la justicia argentina. (DIB)