Según un informe de la Fundación Soberanía Sanitaria, se registró en todo el país un incremento en la demanda de atención por motivos de salud mental en el sistema público que supera el 12 por ciento. Asimismo, en el caso de la provincia de Buenos Aires, las internaciones en hospitales generales pasaron de 28.451 en 2019 a 45.785 en 2024. La población de niños, niñas y adolescentes es la que más preocupa: pasaron del 9 por ciento del total de internaciones en 2023 al 13 por ciento en 2024. “Se nota mucho el impacto social post pandemia en trastornos de ansiedad, cuadros depresivos y abuso de sustancias. A esto se le suma que hay un aumento de emergencia psiquiátricas, que muchas veces requieren intervención policial, pero no hay tantos ámbitos de internación ni en el sector público ni en el privado. Esto es un problema porque las internaciones indicadas con profesionalismo, ética, y en tiempo y forma salvan vidas”, describe Federico Pavlovsky, psiquiatra especialista en consumos problemáticos, a la Agencia de Noticias Científicas de la UNQ.

La situación de salud mental no es algo nuevo; de hecho, según la OMS, una de cada ocho personas en el mundo sufre algún tipo de trastorno mental, siendo la ansiedad y la depresión los más comunes. A su vez, un estudio de la facultad de Psicología de la UBA, basado en 3.141 personas de todo el país, reveló que el 9,4 por ciento tiene riesgos de padecer un trastorno mental. También, demuestra que los niveles de sintomatología ansiosa, depresiva y riesgo suicida son más altos en personas más jóvenes y con un estatus socioeconómico autopercibido menor. Además, el 28,20 por ciento de los participantes informó recibir tratamiento psicológico y de los que no, más de la mitad consideró necesitarlo.

No obstante, a raíz de la actual situación económico-social, la situación parece estar empeorando cada vez más. La Fundación Soberanía Sanitaria sostiene que muchas personas no pueden afrontar los gastos asociados a copagos ni acceder a medicamentos con descuento. A su vez, los turnos se asignan con demora y se suman las múltiples barreras que dificultan el acceso a internaciones por motivos de salud mental, en especial si se trata de consumos problemáticos.

A esto se le suma el colapso de un sistema de salud pública que ya venía deteriorado: según el informe “Salud en Agonía” del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), sólo en los primeros meses de 2024, 200 mil personas se dieron de baja del sistema de salud privado, debido al fuerte incremento de los aranceles, y pasaron al público. En paralelo, se produjo un aumento desmedido en los precios de los medicamentos recetados, lo que implicó que miles de personas no pudieran continuar con los tratamientos farmacológicos indicados.

Con todo esto, de manera reciente, se realizó el “Encuentro Federal por la crisis en salud mental” en el Congreso de la Nación, donde estuvieron presentes 16 provincias. Allí, los representantes definieron exigir al gobierno nacional la reactivación del programa Remediar Salud Mental (que garantizaba el acceso a determinados psicofármacos) y la entrega regular de medicación, visibilizar la crisis como prioridad sanitaria federal y reafirmar el compromiso con la plena implementación de la Ley Nacional de Salud Mental Nº 26.657.

“Es absolutamente central que las personas puedan tener acceso a los tratamientos de salud mental en general, que requieren psicólogos, psiquiatras y psicofármacos. Sucede que muchas veces las personas no pueden solventarlos. De tal manera que, esas personas tendrán una evolución negativa de los cuadros a diferencia de quienes sí tienen acceso. Se genera como un sistema de castas, en donde hay personas que sí pueden solventar tratamientos de calidad y muchísimas que quedan afuera”, explica Pavlosvky a la Agencia.