Organismos de derechos humanos y referentes sociales repudiaron el traslado de 19 represores condenados por delitos de lesa humanidad a la Unidad 34 de Campo de Mayo, una cárcel del Servicio Penitenciario Federal (SPF) con condiciones diferenciales. Entre los trasladados se encuentra Alfredo Astiz, condenado por crímenes cometidos en la ESMA y símbolo del accionar represivo durante la última dictadura cívico-militar.

El movimiento de los represores, confirmado este viernes, se dio en un contexto de creciente preocupación por la posible reversión de políticas de memoria, verdad y justicia. El SPF, bajo la órbita del ministerio de Seguridad que encabeza Patricia Bullrich, argumentó que la medida responde a una necesidad de descomprimir la sobrepoblación en el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza.

Sin embargo, desde organismos como H.I.J.O.S Capital y sobrevivientes de centros clandestinos de detención denunciaron que se trata de un “beneficio encubierto” que otorga privilegios a criminales de lesa humanidad. Campo de Mayo no solo ofrece mejores condiciones de detención, sino también acceso a actividades recreativas y talleres, lo que fue calificado por las víctimas como “una provocación y una reivindicación del terrorismo de Estado”.

Quiénes fueron trasladados

Nueve de los represores trasladados actuaron en la ESMA, uno de los centros clandestinos más emblemáticos de la dictadura: Alfredo Astiz, Ricardo Cavallo, Rodolfo Cionchi, Alberto González, Carlos Guillermo Suárez Mason (hijo), Adolfo Miguel Donda, Jorge Radice, Antonio Pernías y Luis Navarro.

Otros cuatro represores operaron en el circuito Atlético-Banco-Olimpo (ABO): Juan Carlos Avena, Luis Donocik, Gerardo Arráez y Miguel Ángel Britos. También fueron trasladados Marcelo Cinto Courtaux —oficial de inteligencia condenado por la represión a la Contraofensiva Montonera y padre de un actual funcionario del Senado vinculado a Victoria Villarruel—, Lucio César Nast, Mario Alfredo Marcote, Julio César Argüello (condenado en el circuito Camps), el uruguayo Manuel Cordero Piacentini (Plan Cóndor) y Raúl Guglielminetti (ex Batallón 601).

Todos ellos se suman a los 52 represores ya alojados en Campo de Mayo, donde también están el cura Christian von Wernich, Gonzalo “Chispa” Sánchez y Juan Daniel Amelong. Muchos de ellos se autodenominan “Muertos Vivos”, buscando llamar la atención del gobierno de Javier Milei.

“Una provocación al pueblo argentino”

El repudio fue inmediato. “El traslado de los genocidas a Campo de Mayo no es una solución a la sobrepoblación carcelaria que afecta a la casi totalidad de las personas detenidas, a excepción de los genocidas”, señalaron desde H.I.J.O.S Capital.

Ana Careaga, hija de una de las Madres de Plaza de Mayo secuestradas por Astiz, afirmó que la medida constituye “una gravísima señal de impunidad”. También recordó que “quienes hemos dado testimonio somos convocados por la Ley de Víctimas para opinar sobre estos beneficios. La semana pasada nos opusimos al pedido de morigeración de Arráez, y ahora lo premian con este traslado”.

Guillermo Pérez Roisinblit, nacido en la ESMA y apropiado por un militar, expresó en redes: “Genocidas a cárceles VIP, para premiarlos por la crueldad y ferocidad con la que desaparecieron a miles de argentinas y argentinos. Solo falta que ahora decidan juzgar en ausencia a los desaparecidos”.