En la recta final de la campaña electoral de la Ciudad de Buenos Aires, el Gobierno de Javier Milei anunció que endurecerá por decreto el régimen migratorio. El anuncio lo hizo el vocero presidencial y candidato a legislador, Manuel Adorni, acompañado por Patricia Bullrich, y busca acelerar los tiempos de expulsión e impulsar el cobro de servicios de salud y educación para no residentes.

Entre las medidas previstas, habrá requisitos más severos para obtener la ciudadanía argentina, se expulsará inmigrantes ilegales o con condenas y buscará extender el cobro de servicios de salud y educación. En ese sentido, se buscará acelerar los plazos para echar del país a quienes cometan delitos dentro de la Argentina.

En primer lugar, se estableció que, a partir de la publicación del decreto, ningún extranjero condenado podrá ingresar al país y que aquellos que cometan un delito en el territorio nacional, cualquiera sea su pena, serán deportados, aunque aún no se informó cómo serán los procedimientos y cuánto se deberá esperar para hacerlo. Se habilitarán que los ilícitos con penas menores a 5 años sean motivo de denegar el ingreso al país o de deportación, según sea el caso.

“De ahora en adelante cualquier condenado que intente ingresar a través de la frontera será rechazado por las autoridades migratorias y quienes sean encontrados en flagrancia ingresando por pasos no habilitados serán expulsados. El que miente en cualquier información en su ingreso será también expulsado”, sostuvo Adorni. Agregó que “Argentina no será tierra fértil para la llegada de delincuentes”, e insistió que “todo aquel que sea condenado, será deportado, sea el delito que sea”.

Por otro lado, exigirán el pago de los servicios de salud a los residentes transitorios, temporarios e irregulares. Además, impondrán la obligatoriedad para contar con un seguro médico en su ingreso al país.

Según los datos oficiales, pretenden que se minimice el gasto de $ 114.000 millones que significó la atención a extranjeros. Tal y como habían dado a entender, se autorizará a las Universidades Nacionales a que, si quieren, podrán establecer aranceles para los servicios educativos a residentes temporarios. Esto no abarca a la educación inicial, primaria o secundaria.

“Hay muchísimos inmigrantes de bien que vienen a trabajar y formar su futuro, no es justo que quienes no cumplen con las mismas normas permanezcan en el territorio argentino”, dijo desde Casa Rosada, sin aceptar preguntas.

Y sobre el final, el portavoz repitió que “van a ser más severos los requisitos para obtener la residencia permanente y la ciudadanía argentina. Solo se va a otorgar a quienes residan dos años en el país sin abandonar el territorio”. (DIB)