Las prepagas ya no podrán aumentar sus cuotas sin la autorización del Gobierno
La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió este jueves que las empresas de medicina prepaga ya no podrán aumentar sus cuotas sin autorización del gobierno. Fue al declarar la inconstitucionalidad de dos artículos del DNU 70/23 de Javier Milei que eliminaban las facultades del Estado para revisar y autorizar los incrementos y obliga al Ministerio de Salud de la Nación a reasumir las funciones de control que le asigna la Ley de Medicina prepaga.
El fallo lleva las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, y deroga los artículos 267 y 269 del decreto fundante del gobierno libertario. De esta forma, el máximo tribunal resolvió que el Ministerio de Salud de la Nación a través de la Superintendencia de Servicios de Salud vuelva a asumir los controles sobre los aumentos.
La causa que llegó a la Corte fue iniciada por María del Carmen Bobbio, afiliada a Swiss Medical, cuya cuota pasó de $136.161,21 a $301.218,02 entre diciembre de 2023 y febrero de 2024, un incremento del 110%. Según planteó la afiliada, con el régimen anterior el aumento de enero de 2024 habría sido del 6,26%.
En su fallo, el máximo tribunal recordó que el Poder Ejecutivo solo puede dictar normas de contenido legislativo en condiciones de rigurosa excepcionalidad: cuando el Congreso no puede reunirse o cuando la situación es tan urgente que no admite el trámite normal de una ley.
En este caso, concluyó que los considerandos del DNU 70/2023 no contienen una mínima justificación de esas circunstancias. La sola mención de una “crisis del sistema de salud” y de la necesidad de “liberar las restricciones de precios al sistema de medicina prepaga” fue considerada una fundamentación genérica e insuficiente.
Además, sostuvo que la Constitución Nacional no habilita a elegir discrecionalmente “entre la sanción de una ley o la imposición más rápida de ciertos contenidos materiales por medio de un decreto”. También aclaró que el hecho de que siga abierto el trámite de revisión parlamentaria previsto en la Ley 26.122 no impide el control judicial.
Por último, el tribunal descartó que la causa se hubiera vuelto abstracta por el acuerdo homologado en la causa promovida por la Superintendencia de Servicios de Salud contra OSDE y otras empresas, que dispuso la devolución de lo cobrado por encima del IPC entre enero y mayo de 2024, porque ese acuerdo abarca un período acotado y está lejos de satisfacer el reclamo.
“Es un fallo muy importante porque confirma lo que venimos sosteniendo en cada amparo contra estos aumentos: el Poder Ejecutivo no podía, por decreto y sin justificar ninguna urgencia, desarmar el control sobre las cuotas de salud que el Congreso había establecido por ley”, señaló el Dr. en Ciencias Jurídicas y magíster en Derecho Constitucional por la Universidad de Bologna, Manuel Luaces, quien se desempeña además como director de Legales de Reclamar Salud.
“La Corte no fijó un tope automático por inflación. Dejó sin efecto la parte de la sentencia de la Cámara Federal de La Plata que limitaba los aumentos al IPC y le devolvió al Estado la obligación de revisar y autorizar cada aumento, que según la ley debe estar fundado en variaciones de la estructura de costos y en un razonable cálculo actuarial de riesgos”, explicó el abogado.
“Además, formalmente la sentencia resuelve el caso de esta afiliada y no deroga el decreto para todos. Pero fija un criterio claro que los jueces van a tener que considerar en los juicios en trámite y en los que se inicien”, remarcó Luaces.
