Se había pactado para hoy y hasta el viernes 4 el desarrollo del juicio oral en el Juzgado en lo Correccional Nº 5 de Mar del Plata, a cargo del Leonardo Celsi, donde se tramita una causa por presuntas irregularidades en el manejo de fondos nacionales para la construcción de 400 viviendas en el marco del Plan Federal, en el cual están imputados el exintendente Carlos Alberto Erreguerena, exfuncionarios nacionales y empresarios. Pero esto no sucederá.

¿El motivo? Según revelaron fuentes del propio Tribunal a El Diario, las defensas de los involucrados plantearon una serie de soluciones alternativas que permitan evitar llegar al juicio oral, entre ellas por ejemplo la suspensión del juicio a prueba o «probation». Esto, de acordarse, significa que se suspende el trámite del proceso para que el sospechado cumpla con ciertas pautas de conducta y, una vez cumplidas y transcurrido el plazo de suspensión, se resuelva su desvinculación definitiva de la causa.

Por tal motivo, el lunes 28 del mes próximo se desarrollará una audiencia en la cual se resolverá esta cuestión.

Cabe recordar que esta causa se generó en 2007 a partir de una presentación en la Justicia que realizó el exintendente José Luis Pérez vinculada con el Plan Federal de Viviendas por el manejo que se había hecho de los fondos. Involucró a Erreguerena, a las empresas Mar del Plata Transervice S.R.L. y MF S.A., oriundas de «La Feliz», y Manuel R. Aguirre S.A. y a Héctor Allegretti, exsecretario interino de Obras Públicas; Héctor Cabrera, exinspector de obra, y Ricardo Gómez, exdelegado regional del Instituto de la Vivienda por los delitos de «Falsedad ideológica de documento público y fraude a la administración pública». También está involucrado elexministro de Planificación Federal, Julio de Vido.

Según se había informado, en el juicio iban a declarar unos 50 testigos por el presunto perjuicio de más de tres millones de pesos que las empresas habrían recibido con la complicidad municipal por tareas no concretadas, según la investigación de los fiscales Javier Pizzo y Fernando Berlingieri, a cargo de la Unidad de Delitos Económicos.

Fue la jueza Lucrecia Bustos quien elevó a juicio oral esta causa que gira en torno a certificados que acreditaron porcentajes de avances de obra -puntualmente en 58 unidades habitacionales- en 2006 y 2007 que no se corresponden con los supervisados por técnicos del Instituto de la Vivienda bonaerense, de la Nación y peritos. Los certificados «tienen contenidos falsos», indicó el dictamen de la Fiscalía.

Según la empresa que se trate, los desfasajes verificados -las diferencias entre lo volcado como realizado en el papel y no visualizado en la inspección- se ubican entre el 7% y el 36%. Según especialistas, el margen de error natural ronda el 3 por ciento. Y las sumas en exceso percibidas van desde los 169 mil hasta el millón de pesos.

Como se sabe, numerosas viviendas registraron serias demoras en su construcción y no llegaron a entregarse en las condiciones establecidas en los pliegos, incluso varios años después de la fecha estipulada. Nación cortó el financiamiento en enero de 2008 y después de reclamos al Municipio, varias de las casas fueron tomadas.