Como parte de un conflicto en alza en torno a los peajes de rutas nacionales, este martes la Ruta 226, uno de los principales accesos a Mar del Plata, amaneció con un paro de trabajadores afiliados al Sindicato Único de Trabajadores de Peajes (Sutpa) en reclamo de certezas sobre sus fuentes laborales de cara a una “inminente privatización”.

Parte del proceso de profundo ajuste y reformas regresivas del Estado que impulsa el gobierno de Javier Milei pasan también por el presente de las rutas nacionales y sus peajes: es que el gobierno se prepara para lanzar un paquete de licitaciones de caminos que ya estaban en manos de empresas y otras sin concesión, y también quitar a la sociedad estatal Corredores Viales de otros tramos entre los que se incluye la Ruta 226.

En ese marco, luego de la medida de fuerza que llevó adelante la semana pasada el Sutpa en los peajes de Caminos del Río Uruguay (Crusa), este martes se replicó esta medida en diez tramos que componen a las concesiones vigentes de Corredores Viales. “Ante la inminente privatización de Corredores Viales SA -empresa conformada por Vialidad Nacional y el Ministerio de Economía- y su reciente intervención, queremos expresar nuestra preocupación ante los posibles despidos en los diez tramos que componen a esta concesionaria”, manifestaron en un comunicado.

Además de los 2.700 trabajadores vinculados a Corredores Viales, desde el sindicato remarcaron que el plan de acción también es por los 500 trabajadores de Crusa que, ante el fin del contrato de concesión previsto para este martes, aseguran que “han sido abandonados a su suerte por todos los organismos del Estado”.

“En esta concesión no sobra nadie, como tampoco sobran en la ruta del Mercosur. No somos ñoquis: somos argentinos y argentinas de bien que trabajamos con responsabilidad y queremos ganar nuestro salario dignamente”, remarcaron.

Mientras tanto, las últimas novedades respecto del futuro de los contratos de concesión y su entrega a empresas privadas, la semana pasada el gobierno de Milei oficializó la intervención de Corredores Viales SA, la empresa con participación íntegramente estatal que luego del fin de los contratos vigentes será disuelta.

Todo ello mientras se aguarda por el inicio del esquema de licitación programado, ya que según habían establecido desde el gobierno nacional, las mismas iban a empezar en diciembre con las rutas concesionadas a Caminos del Río Uruguay SA -empresa que además está siendo asediada con múltiples infracciones-, cuyo contrato vence esta semana. (Fuente mdq.mundogremial.com)