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La Cámara Nacional de Apelaciones habilitó a las empresas distribuidoras de gas para que puedan avanzar con cortes de servicio en aquellos casos que adviertan falta de pago a las tarifas por parte de los usuarios.

Fueron los jueces Jorge Esteban Argento, Carlos Grecco y Sergio Fernández los que hicieron lugar a los recursos impulsados desde el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) y la Secretaría de Energía para levantar la medida cautelar impuesta por el juez federal Alejo Ramos Padilla, que estaba vigente desde hace un año, y que prohibía proceder con cualquier tipo de corte.

Después de recibir la notificación de la reciente resolución, desde Consumidores Argentinos, la organización que impulsó la medida cautelar, expresaron profunda preocupación por el impacto negativo que podría tener el revés judicial para los usuarios que no están en condiciones de afrontar los actuales montos que se perciben en las facturas.

"Esto implica dos riesgos: a la gente que no pueda pagar, ahora le van a cortar el servicio pero también preocupa que hay muchísima cantidad de gente que hoy está siendo beneficiada por esta cautelar y no se sabe lo que va a pasar a partir de este fallo", reconoció Sergio Procelli, el titular de la entidad.

El responsable de la organización recordó que la medida cautelar establecía que "no se le podía cortar el gas a cualquier persona que estuviera en situación de vulnerabilidad y que no pudiera afrontar el gasto que implica el servicio de gas".

"Esto de alguna manera protegía a los usuarios vulnerables de que ante un aumento del 3 mil por ciento en sus tarifas no sufrieran un corte en el servicio y se les dieran facilidades como para pagar la deuda", fundamentó, sobre la necesidad de la medida.

Bajo esta misma línea, Procelli cuestionó la mirada de los magistrados intervinientes y se distanció de los argumentos que brindaron como para resolver su fallo. "Dicen que no hay una situación de vulnerabilidad como para considerar y que esto estaba cubierto por la tarifa social, lo cual a esta altura ya no lo es indiscutiblemente", señaló.

El representante legal de la organización, sin embargo, anticipó que ya trabajan en una nueva presentación para tratar de volver a poner en marcha una medida que garantice un marco de protección para los usuarios en mayor situación de vulnerabilidad.

"La Cámara sostienen que los que tienen que intervenir en temas tarifarios son los jueces de Capital Federal solamente y no los del interior, y esto es todavía peor", criticó el titular de Consumidores Argentinos, respecto de la arbitrariedad que se acusa en la resolución.

Inicialmente la medida cautelar tenía un plazo de vigencia de 90 días, pero había sido ratificada el 4 de junio de 2018 sin contar con un lapso de finalización considerado. Esto se dio en el marco de la problemática de atención a los más vulnerables, de acuerdo a lo establecido en el artículo 2 inc. 2 de la ley 26.584 que establece que cuando hay sectores vulnerables involucrados la cautelar puede extenderse más allá del límite de los 90 días.