La Autoridad del Agua (ADA) de la provincia de Buenos Aires aprobó este viernes un nuevo mecanismo para estimar el consumo de agua y el vertido de efluentes en emprendimientos urbanísticos privados que no cuenten con las habilitaciones y permisos exigidos por la normativa vigente.

La medida permitirá calcular y cobrar el Canon por el Uso del Agua y la Tasa de Inspección de Funcionamiento y Control de Calidad de Efluentes (TIFyCCE) a desarrollos que utilicen recursos hídricos sin haber regularizado su situación.

La resolución, dictada por el Directorio de la ADA, establece fórmulas específicas para determinar los caudales de explotación y de vertido en barrios cerrados, countries y otros conjuntos inmobiliarios privados que no hayan cumplido con las previsiones de la Ley Provincial N° 12.257, que regula el uso y aprovechamiento del recurso hídrico.

Según los fundamentos de la norma, la Provincia busca fortalecer las herramientas de control sobre un sector que ha experimentado un crecimiento sostenido en los últimos años y que, en numerosos casos, administra de manera privada servicios vinculados al abastecimiento de agua y al tratamiento de efluentes.

El uso de agua en barrios privados

La resolución se apoya también en la reciente actualización del régimen de cánones dispuesta por el Decreto N° 3233/25, que modificó la fórmula utilizada para determinar los montos a pagar por el uso del agua pública, incorporando variables vinculadas a la disponibilidad del recurso, el tamaño de los establecimientos y las categorías de usuarios.

Entre los argumentos de la medida, la ADA señaló que los relevamientos realizados en distintos emprendimientos urbanísticos privados evidencian que una parte significativa de ellos opera sistemas propios de provisión de agua o tratamiento de efluentes. Asimismo, advirtió que una porción importante del territorio urbanizado de la provincia corresponde a este tipo de desarrollos, lo que hace necesario reforzar los mecanismos de regulación y control.

Para estimar los consumos y vertidos en aquellos casos donde no exista información declarada o disponible, la autoridad utilizará parámetros vinculados a la demanda hídrica prevista en la planificación urbana. Entre las variables consideradas figuran la superficie de las unidades funcionales, los metros cuadrados construidos, los espacios verdes, las piscinas y otros usos característicos de cada emprendimiento.

La determinación de esos datos se realizará mediante relevamientos de imágenes satelitales, una metodología que permitirá efectuar estimaciones indirectas y actualizar periódicamente la información disponible.

Con esta medida, la Provincia busca ampliar la capacidad de fiscalización sobre los desarrollos inmobiliarios privados y asegurar el cobro de los cánones y tasas vinculados al aprovechamiento de los recursos hídricos y al control de los efluentes que generan.