La actividad reunió a inspectores de Educación Especial, Psicología, Educación Secundaria, directivos, equipos de orientación escolar, jefes de área y referentes docentes, además de representantes del Servicio Local y el fiscal Martínez Soto, quienes abordaron los alcances de la nueva legislación.

"Nos parece una temática importante, pensar en que a partir de los 14 años los chicos van a ser imputables", señaló Benítez, quien explicó que desde Educación existe interés en comenzar a definir estrategias de intervención ante eventuales situaciones que involucren a adolescentes alcanzados por la normativa.

UNA REUNIÓN PARA DEFINIR ESTRATEGIAS

Uno de los aspectos señalados durante el encuentro fue que la nueva legislación establece modificaciones en materia de imputabilidad, pero no contempla de manera específica un protocolo de actuación para las instituciones educativas frente a cada una de las situaciones que puedan presentarse.

En ese sentido, Benítez anticipó que ya fue prevista una reunión entre Educación y el Servicio Local para el próximo 14 de septiembre, con el objetivo de avanzar en la definición de estrategias de abordaje.

"Ya agendamos una reunión desde Educación con el Servicio Local para trabajar qué se va a producir el día 14, para trabajar estrategias de abordaje cuando un menor sea imputado o sea privado de su libertad o qué estrategia vamos a usar", explicó.

La inspectora remarcó que el desafío estará puesto en desarrollar respuestas desde una perspectiva de corresponsabilidad entre los distintos organismos. "Ninguno sacando los pies del plato, sino al revés, haciéndonos cargo de la situación", expresó. En esa línea, también planteó la necesidad de brindar herramientas a los equipos directivos para afrontar situaciones complejas y acompañar a los estudiantes involucrados.

PREVENCIÓN Y TRABAJO CON LAS FAMILIAS

Benítez consideró que la discusión sobre la nueva legislación debe estar acompañada por un abordaje preventivo y social que involucre a diferentes instituciones.

"Hay leyes que no vienen a solucionar", sostuvo al ser consultada sobre su posición respecto de la baja de la edad de imputabilidad. En ese sentido, coincidió con el planteo realizado durante la jornada por el fiscal Martínez Soto y puso el acento en la prevención, el acompañamiento familiar y la inclusión.

"Las estrategias de prevención, esto que decía él del trabajo con la familia, el trabajo institucional, la inclusión de los alumnos en el mercado de trabajo o de estudio, me parece que tenemos que trabajar un montón en lo social", afirmó.

Para la referente educativa, las modificaciones legales pueden constituir una herramienta dentro del sistema, pero no representan por sí solas una respuesta integral frente a las problemáticas que atraviesan a los adolescentes.

"Las leyes ayudan, pero no vienen a solucionar", manifestó, al considerar que la intervención judicial se produce cuando otras instancias de prevención y acompañamiento no lograron evitar que una situación llegara a ese punto.

UNA MESA INTERSECTORIAL COMO PUNTO DE PARTIDA

La inspectora recordó además que en Balcarce ya funciona una mesa de trabajo que articula a Educación con el Servicio Local y el área de Salud Mental del Hospital, entre otros organismos, para abordar diferentes trayectorias educativas y situaciones que requieren intervención conjunta.

A ese espacio se suman áreas municipales y otros dispositivos vinculados con la atención de adolescentes, conformando una red de trabajo intersectorial que, según Benítez, deberá profundizarse ante el nuevo escenario. "Me parece que tenemos que seguir trabajando, ese es nuestro desafío", resumió.

La jornada desarrollada en Cultura aparece así como un primer espacio de análisis sobre las implicancias que tendrá la nueva normativa en el ámbito educativo local, mientras que las próximas reuniones buscarán avanzar desde el debate general hacia la elaboración de estrategias concretas de actuación y prevención.