El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, ordenó al Ministerio de Seguridad y a la Policía de la Ciudad que sancionen a quienes remuevan basura de los contenedores en la vía pública. La decisión fue comunicada este lunes a través de una publicación en su cuenta oficial de X (ex Twitter), donde afirmó: “Di la orden al Ministerio de Seguridad y a la Policía de la Ciudad que, si encuentran a alguna persona o grupo de personas removiendo basura de los contenedores y ensuciando nuestra ciudad, les exijan que limpien y ordenen todo de inmediato. Si se niegan, que los sancionen según la normativa vigente”.

El funcionario citó el artículo 94 del Código Contravencional porteño, que establece multas o trabajos comunitarios para quienes ensucien bienes públicos o privados. Según la norma, la sanción puede agravarse si el hecho ocurre desde un vehículo o en lugares sensibles como hospitales, escuelas o templos. En los casos más graves, las multas superan las mil unidades fijas, cada una de las cuales cuesta como el precio de 1 litro de nafta premium en CABA.

La medida reaviva un debate que tuvo su punto más álgido en octubre de 2023, cuando la actual vicejefa de Gobierno y entonces ministra de Espacio Público, Clara Muzzio, presentó un proyecto de ley que proponía fuertes sanciones para personas que manipularan contenedores, sacaran residuos fuera del horario permitido o afectaran la higiene del espacio público. La propuesta incluía penas económicas que, en el caso de organizaciones como cooperativas de recicladores, podían superar el millón de pesos, además del decomiso de materiales.

El proyecto fue duramente cuestionado por cooperativas, organizaciones sociales y sectores de la oposición, que denunciaron un intento de criminalizar la pobreza, penalizando a quienes buscan comida o materiales reciclables. También se apuntó contra un artículo que sancionaba las manifestaciones callejeras que afectaran la limpieza o el uso del espacio público. Finalmente, tras la presión de distintos sectores, el texto fue retirado antes de su tratamiento en la Legislatura porteña.

Ahora, con la nueva orden de Macri, el enfoque represivo vuelve a escena. Según el Gobierno porteño, la Ciudad cuenta con más de 33.000 contenedores, de los cuales 7.000 son del tipo antivandálico. Estos dispositivos cuentan con una tapa con resorte que impide extraer residuos fácilmente, minimizan el derrame de líquidos y dificultan el ingreso de personas o desechos voluminosos.

En el primer semestre del año, según cifras oficiales difundidas por el propio gobierno de la Ciudad, más de 25.000 contenedores fueron vandalizados. La administración porteña asegura que la intervención apunta a reforzar la higiene urbana y el cumplimiento del cronograma de recolección, que establece que la basura debe sacarse entre las 19 y las 21, de domingo a viernes. Comercios gastronómicos, en tanto, tienen la obligación de separar los residuos y embolsarlos adecuadamente.

El anuncio de Jorge Macri llega apenas unos meses después del intento fallido de sancionar vía legislativa una normativa similar. La decisión política de avanzar ahora por decreto refuerza la línea de acción del Ejecutivo porteño frente a quienes viven, trabajan o subsisten entre la basura.