Luego de unas cinco horas de debate, el Senado rechazó los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para ser jueces de la Corte Suprema de Justicia. Legisladores del kirchnerismo, el PRO y la UCR lograron bloquear las designaciones que Javier Milei había propuesto para el máximo tribunal. Ahora deberá resolver las designaciones el juez Alejo Ramos Padilla, a cargo de la causa que busca la inconstitucionalidad de sus nombramientos en comisión. Tras conocerse la decisión, el Gobierno repudió la resolución decisión de la Cámara alta y sentenció: “Es evidente la politización de la Justicia”.

En cuestión de votos, las postulaciones de los dos candidatos del Ejecutivo a la Corte no lograron los dos tercios de los presentes: García Mansilla recibió 51 votos en contra y 20 a favor, mientras que el juez federal Lijo tuvo 43 negativos, 27 adhesiones y una abstención.

En tanto, no todo está resuelto para el caso del académico Manuel García-Mansilla, ya que ya había jurado “en comisión” tras un decreto del Ejecutivo. Esta cuestión abrirá un debate sobre su estadía en el máximo tribunal de justicia, luego de la votación de este jueves en el Senado.

El 20 de marzo del año pasado, el Ejecutivo anunció que Lijo y García-Mansilla eran los elegidos para cubrir las vacantes de Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda, y envió sus pliegos al Senado el 27 de mayo.

Sin haber logrado apoyo legislativo, el pasado 26 de febrero el presidente Javier Milei decidió designar por decreto a ambos. Sin embargo, solo asumió García-Mansilla, ya que Lijo no pudo tomar su cargo porque el máximo tribunal rechazó su licencia en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°4.

En tanto, viendo que en el Senado se caería su ingreso a la Corte Suprema, días atrás García-Mansilla envió un escrito al juez Alejo Ramos Padilla, quien debe resolver la causa que busca la inconstitucionalidad de los nombramientos en comisión. El magistrado afirmó que su puesto en la Corte “goza de la garantía constitucional de inamovilidad en el cargo mientras dure su nombramiento, por lo que el único juez natural que podría eventualmente removerlo de su cargo, mediante juicio político, es el Congreso de la Nación”. Y consignó: “Un juez no puede remover a otro juez”.

Repudio del Gobierno

El Gobierno nacional, en tanto, a poco de conocerse el resultado de la votación en el Senado contra la designación de los jueces de la Corte propuestos por el Ejecutivo, emitió un comunicado repudiando la decisión y señalando el peligro que representa para la democracia la “politización de la Justicia”.

“Luego de dilatar la votación durante meses, (los senadores) optaron por priorizar la preocupación por sus causas judiciales y las de sus dirigentes, en detrimento del funcionamiento de uno de los tres poderes de la República”, expresó el documento.

“Por primera vez en la historia, el Senado de la Nación ha rechazado pliegos propuestos por un Presidente, por motivos meramente políticos y no por cuestiones de idoneidad, lo que evidencia una vez más que la Cámara Alta es el refugio de la casta política en el Congreso de la Nación. Convertido en una máquina de impedir, el Senado no actúa en favor del pueblo, sino que tiene como único fin obstruir el futuro de la Nación Argentina”, añadió la publicación. Y cerró: “El Presidente de la Nación seguirá trabajando incansablemente para garantizar la independencia judicial y restaurar la confianza del pueblo en las instituciones, utilizando todas las herramientas que la Constitución Nacional y el voto popular han puesto en sus manos”. (DIB)