El bloque de diputados de La Libertad Avanza presentó un proyecto de ley que busca derogar la Ley 14.783, más conocida como Ley de Cupo Laboral Trans, sancionada en 2015 durante el gobierno de Daniel Scioli y en homenaje a la activista travesti Diana Sacayán . Esta norma, reglamentada en 2019, establece que al menos el 1% de la planta del Estado bonaerense debe estar integrada por personas travestis, transexuales y transgénero.

La iniciativa fue impulsada por ocho legisladores libertarios, entre ellos Agustín Romo, quien preside el bloque en Diputados. El texto, ingresado bajo el expediente D-2133/25-26, plantea que este tipo de medidas violan el principio de igualdad ante la ley, al otorgar “privilegios” por cuestiones de identidad de género.

Guillermo Castello, diputado del bloque, anunció hace días que iba a desregular y derogar un paquete de leyes, entre la que estaba esta Ley en cuestión. “Hay descoordinación en el bloque”, sostuvieron fuentes libertarias, pero lo cierto es que el marplatense quedó al margen en el cierre de listas, más allá que fue la voz cantante y política en el improvisado bloque libertario que (intenta) conduce Agustín Romo.

Desde el espacio libertario sostuvieron que las políticas públicas de empleo “deben basarse en la idoneidad y los méritos individuales”, y advirtieron que la existencia de cupos “genera una diferenciación que atenta contra la igualdad”. También señalaron el riesgo de producir “discriminación inversa”.

“La verdadera equidad no se construye con privilegios. Cada puesto en el Estado debe ser ocupado por la persona más capacitada”, expresaron desde el bloque libertario, reforzando su postura contraria a las políticas de acción afirmativa en el sector público.

LA POLÉMICA POR EL CUPO TRANS Y EL IMPACTO SIMBÓLICO DE LA LEY SACAYÁN

La Ley 14.783, conocida también como Ley Diana Sacayán, fue impulsada en homenaje a la activista travesti asesinada en 2015 y se convirtió en un símbolo de lucha por la inclusión del colectivo travesti-trans. La norma obliga a todos los organismos estatales, incluyendo entes descentralizados y empresas con participación pública, a reservar un mínimo del 1% de su planta para personas trans que cumplan con los requisitos del cargo.

Además, establece que el Estado debe garantizar procesos de acompañamiento y formación para quienes ingresen bajo ese cupo, con el objetivo de asegurar una inserción laboral real y sostenida. A nivel nacional, una normativa similar fue sancionada en 2021 durante el gobierno de Alberto Fernández.

Sin embargo, desde La Libertad Avanza insisten en que estas leyes no garantizan una igualdad real. “No se puede justificar el uso de recursos públicos en función de identidades. Los bonaerenses merecen que sus impuestos sostengan una administración eficiente y basada en capacidades”, expresaron los legisladores libertarios.

La propuesta generó rechazo en sectores sociales, sindicales y políticos que consideran que representa un retroceso en materia de derechos humanos. En particular, organizaciones LGBTIQ+ alertaron sobre el riesgo de invisibilizar nuevamente a uno de los colectivos con mayores índices de desempleo y vulnerabilidad social. (Infocielo)