El último 3 de diciembre se presentó ante dos organismos que deben velar por la transparencia en el Estado (la Procuración de Investigaciones Administrativas y la Oficina Anticorrupción) una denuncia anónima sobre un posible copamiento del INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) por parte de AACREA (Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola). Según esta denuncia, la organización privada de productores estaría llevando a cabo un plan de vaciamiento del organismo público, para así producir una suerte de "privatización" de los servicios que debería prestar el INTA.

En concreto, la denuncia anónima solicita a la Procuración y a la Oficina Anticorrupción que "se investigue la posible comisión de los delitos de administración fraudulenta (art. 173 inciso 7 CP), asociación ilícita (art. 210 CP) y/o de otros ilícitos penales" por parte de cuatro personas: Juan Balbín (presidente del INTA); Mariano Bosch (vicepresidente del INTA); Alejandro Conci (vocal del Consejo Directivo del INTA) y Horacio Alippe (ex vocal y actual asesor rentado del INTA).

"Los mencionados son miembros del Consejo Directivo del INTA mientras que, a la vez, son socios de AACREA. En tal calidad, los referidos funcionarios administran fraudulentamente para que el INTA pierda su cartera de proyectos de investigación y extensión de manera que éstos sean cedidos, apropiados o absorbidos por AACREA, favoreciendo a ésta última entidad", dice la denuncia, que justifica su anonimato en que "el clima de terror y miedo reinante en la institución impide adoptar otro camino".

LA MANIOBRA

Los denunciantes, que muy probablemente formen parte de la línea histórica de funcionarios de carrera del INTA, aseguran que los cuatro acusados realizan este supuesto plan mediante tres tipos de acciones:

- "Inducen el desfinanciamiento de INTA. Contando para el año 2019 con recursos autárquicos de fuente propia (art. 28 de la Ley 26.446) y que ascienden a 13.000 millones de pesos, confeccionaron un presupuesto de gastos por la mitad de esa cifra que no alcanza siquiera para la operatividad mínima de la institución, con el fin de llevarla a su paralización, quebranto y posterior liquidación".

- "Persiguen a los técnicos de la institución por sus investigaciones científicas y opiniones técnicas, hostigándolos con permanentes auditorias y sumarios administrativos con el fin de silenciarlos. Sobre todo cuando las conclusiones de las investigaciones y actividades son críticas de las prácticas productivas que emplean los asociados de AACREA o están dirigidas a productores de tamaño más pequeño".

- "Operan la enajenación de valiosas tierras que posee el INTA en el Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias (CNIA) en Castelar que es el núcleo de la investigación del INTA (representa casi la mitad de los investigadores) y dónde están sus principales laboratorios. Buscan así que el INTA se quede sin investigación y todos esos servicios puedan ser apropiados en un futuro por AACREA".

Para llevar a cabo estos supuestos planes, dice la denuncia, este grupo ha logrado conformar una "mayoría automática" en la máxima instancia de conducción del instituto público, su Consejo Directivo, que está compuesto por diez consejeros, cinco por el sector público y cinco por el privado. Y afirma que "uno de los cinco integrantes por el sector privado le corresponde a AACREA según lo manda el decreto 287/1986. Pero solo uno. Hoy, contrario a lo que manda la ley, AACREA sienta en los hechos a seis integrantes en el Consejo, conformando una mayoría automática que toma las decisiones para perjudicar al INTA".