La investigadora del Inta y el Conicet Virginia Aparicio y uno de los voluntarios que participó del proyecto Sprint estuvieron este martes en una protesta frente a la Catedral de Mar del Plata para reclamar contra el sumario administrativo que enfrenta la científica y pedir que se conozcan los resultados de una investigación sobre la presencia de plaguicidas en personas, animales y ambientes.

La mujer fue una de las responsables en Argentina del programa, que analizó la exposición a más de 200 plaguicidas mediante muestras de sangre, orina y materia fecal, además de estudiar alimentos, animales y distintos ambientes.

La investigadora remarcó que el estudio incluyó a ciudadanos de la zona y que se encontraron plaguicidas en distintas muestras. “Lo que más me preocupa es que definitivamente usemos los datos para generar políticas públicas que mejoren la calidad de vida de todos”, sostuvo.

En ese sentido, señaló que se detectaron plaguicidas en sangre, orina, materia fecal, polvo de barrido de viviendas y en el aire, y reclamó que los resultados puedan ser discutidos en los ámbitos correspondientes. “Todo eso se puede mejorar y regular, pero hay que tratar de que la ciencia no se censure, que los datos se discutan en los ámbitos científicos y políticos que correspondan y que generemos lo que necesitamos para mejorar”, afirmó la ingeniera agrónoma.

Por su lado, uno de los voluntarios que participó del estudio, Juan, también estuvo presente en la protesta y contó que aportó muestras propias y de su campo ubicado cerca de Sierra de los Padres, que según explicó es agroecológico y lleva años sin fumigarse.

“Mis muestras dieron presencia de un buen número de agroquímicos, entre 12 o 14, en sangre, en materia fecal y en orina, tanto míos como de nuestro campo”, relató el hombre, que a su vez precisó que en el campo hallaron agroquímicos en el agua, los animales y la producción vegetal.

Para Juan, uno de los principales datos que dejó la investigación es que la exposición no se limita a quienes viven o trabajan en zonas rurales, sino que en realidad "es preocupante la presencia de agroquímicos en todas las personas muestreadas, así vivieran en la ciudad, en el campo, en un campo agroecológico o en uno convencional".

En último lugar, el voluntario remarcó que los resultados deberían ser conocidos por la sociedad para que "se tomen las decisiones que se tengan que tomar”.

El conflicto alrededor de Aparicio comenzó después de que el Inta suspendiera en 2023 una presentación de los resultados del proyecto y decidiera retirar a la Argentina de la investigación. A fines de 2024 y comienzos de 2025 se inició un sumario administrativo contra la científica, en el que se le atribuyen distintas presuntas irregularidades vinculadas con su participación en el proyecto, entre ellas un supuesto perjuicio material para el organismo.

Desde el entorno de Aparicio rechazaron esas acusaciones y sostienen que el trabajo había sido avalado previamente por el propio Inta y financiado por la Unión Europea. La investigadora confirmó que el expediente continúa bajo secreto de sumario, pero aseguró que contempla su exoneración de la administración pública.