El Gobierno dio marcha atrás y anunció que “modificará” la resolución 187, que había sido publicada en el Boletín Oficial hace más de un mes, luego de la controversia generada por el uso de términos discriminatorios para referirse a personas con problemas de salud mental.

El propósito de la resolución es establecer criterios para evaluar a las personas que reciben pensiones por invalidez. Sin embargo, en el Anexo I del documento de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), se emplearon expresiones como “idiota”, “imbécil”, “débil mental” y “retardado”, lo que originó el rechazo de las organizaciones defensoras de los derechos de las personas con discapacidad.

A partir de ello, desde la Andis emitieron un comunicado aclarando que el uso de esa terminología fue un “error” y que no existió “ninguna intención discriminatoria”. “Se trató de un error derivado del uso de conceptos pertenecientes a una terminología obsoleta”, detalló el organismo, que agregó que dichos términos fueron utilizados en el pasado en la medicina psiquiátrica, pero que fueron descartados por su connotación peyorativa. A pesar de la modificación, el organismo destacó que la “corrección no alterará el baremo ni sus criterios de evaluación”.

“Es una barbaridad. Esto es de principios del siglo pasado. Esa terminología se utilizaba en los inicios de la psiquiatría, antes de que existiera la medición del coeficiente intelectual (CI). A partir de entonces, cuando se quieren establecer categorías dentro de la disminución intelectual, se utiliza el rango del CI. Pero esto no es más que parte del atropello que vienen sufriendo las personas con discapacidad por parte de este Gobierno, no es casual. Es una forma peyorativa y estigmatizante de referirse a una persona con discapacidad. Es indignante”, había dicho antes de la marcha atrás oficial Eduardo Maidana, miembro del Foro Permanente de Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, en el que representa a Aiepesa (entidad civil que nuclea instituciones educativas, terapéuticas y asistenciales, dedicadas a la atención de personas con discapacidad). Citado por el diario La Nación, había agregado: “Además, lo que más indigna es que esto sale firmado por la Andis, que es quien debería representar los derechos de las personas con discapacidad, y velar por el cumplimiento de la Convención Internacional de Discapacidad, a la que Argentina adhiere desde 2006″.

“El Gobierno de Milei ha decretado que la gente con discapacidad sea clasificada como ‘idiota’, ‘imbécil’ y ‘débil mental’. Se ha publicado en el Boletín Oficial de la República de Argentina y viola acuerdos internacionales contra la discriminación. Es una barbaridad”, publicó en su cuenta de X el abogado y doctor en Estudios de Desarrollo, Julián Bollain, también citado por La Nación.

Organizaciones que agrupa a los padres de chicos con Trastornos del Espectro Autista (TEA) se pronunciaron sobre la medida y sobre la marcha atrás: “El Gobierno puede tomar medidas o hacer declaraciones que siempre serán discutibles. Lo que no debe hacer es improvisar en un Boletín Oficial. Es un error grave porque, afortunadamente, hay mucho conocimiento en la materia y Argentina cuenta con grandes profesionales que deberían ser consultados antes de cometer estos bochornos que, incluso, trascienden fronteras”, apuntó Paulo Morales, de TEActiva. (DIB)