El Gobierno nacional dio otro paso para desmantelar definitivamente el esquema fiduciario creado en 2012 para administrar los créditos del programa Procrear. A través de la Resolución 764/2025, publicada en el Boletín Oficial, se informó que el Banco Hipotecario continuará la gestión de los préstamos bajo contrato, mientras que los bienes serán redistribuidos o vendidos.

A más de seis meses de su disolución formal, el Ministerio de Economía reglamentó la etapa operativa del cierre del Fondo Fiduciario Público Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (Procrear). De esta manera, el organismo asegura la continuidad de los procesos financieros y la correcta disposición de los bienes involucrados tras su disolución. Según se detalló en el texto, la Secretaría de Obras Públicas será la encargada de dicho procedimiento.

En tanto, lo dispuesto en el contrato con el Banco Hipotecario continuará bajo las mismas condiciones de retribución establecidas originalmente. La institución desempeña el rol de fiduciario para la gestión de los créditos individuales que aún deben ser administrados hasta su total liquidación. En esa misma línea, autoriza la celebración y suscripción de un Contrato de Mandato para la Gestión de Créditos Individuales entre la cartera que dirige Luis Caputo y la entidad bancaria.

En el caso de bienes inmuebles que no estén afectados a contratos de locación de obra vigentes, deberán ser transferidos a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), tal como se mencionó en el decreto 1018/2024 que dispuso la disolución publicada el 13 de noviembre. Más allá de la decisión tomada, el Ejecutivo señaló: “No es posible desconocer la dificultad de vastos sectores de la sociedad para acceder a una vivienda, producto de contextos desfavorables para el acceso a créditos, generados, entre otros motivos, por la alta inflación de las últimas décadas”.

Al mismo tiempo, señaló que “la financiación de la construcción de viviendas es una actividad propia y principal de los bancos comerciales, privados y públicos, por lo que no se justifica la intervención del Estado en esa materia”.

Por otro lado, la Dirección Nacional de Normalización Patrimonial, dependiente de la Secretaría de Legal y Técnica, fue instruida para realizar las acciones necesarias para cumplir con el contrato de gestión de cobranzas, asegurándose de que los fondos recaudados sean canalizados correctamente hacia las cuentas públicas, neto del costo de gestión y cualquier retribución pendiente. Esta medida también incluye la instrucción para vender carteras de créditos cuyo rendimiento sea inferior al cuarenta por ciento de la suma total esperada. (DIB)