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Lunes 18 de Febrero de 2019

26 01 2019 | Política | Diputado nacional Juan José Aicega (Cambiemos)

«Macri toma decisiones que otros impiden para proteger a las mafias y a los socios»

Tras la demora registrada en el Congreso de la Nación en la aprobación de un proyecto que ingresó en 2016, el Gobierno de Mauricio Macri decidió finalmente a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia impulsar la extinción de dominio, una medida que busca acelerar la recuperación de bienes provenientes de actos criminales como la corrupción y el delito.

La norma fue publicada el último martes en el Boletín Oficial con la firma del Presidente y de todos los ministros del Gabinete, y acompañada por una intensa campaña oficial en las redes sociales.

De inmediato salieron desde el oficialismo a respaldar la decisión presidencial mientras que sectores de la oposición consideraron que es «inconstitucional» y aseguraron además «estar cerca de los 129 votos en Diputados» para rechazar el DNU de la llamada desburocratización del Estado, una vez que se cumplan los plazos reglamentarios para el envío de ese instrumento al Congreso.

AICEGA DEFIENDE LA INICIATIVA

El balcarceño Juan José Aicega, diputado nacional de Cambiemos, defendió a ultranza la postura del Presidente. Entrevistado por El Diario, dijo que «(Mauricio) Macri toma decisiones que otros impiden para proteger a las mafias y a los socios».

Cansado de que la iniciativa esté cajoneada en el Congreso, pero también con una clara influencia electoral, Macri decidió impulsar el DNU. «Era una necesidad -admitió- porque la extensión de dominio es una figura que se venía pensando desde el inicio del mandato del presidente Macri como complemento del accionar de la Justicia en temas que hacen a los delitos de lavado de dinero, narcotráfico y corrupción, entre otros. Siempre existió la dificultad para poder recuperar el dinero generado por actividades delictivas, que además constituye el sustento de las mafias. Las figuras penales que existen en los códigos de fondos y los procesales de cada provincia generan una dilación en el tiempo que hace que cuando llega el momento de tener sentencia, esos bienes o bien han desaparecido, prescribieron las acciones o perdieron su valor».

Recordó el diputado nacional que la ley de extensión de dominio fue presentada en Diputados por el Poder Ejecutivo Nacional. Allí, señaló, el proyecto «fue licuado porque hubo aportes de otras fuerzas que consideraron excesivos algunos de los puntos de la iniciativa. Así fue como salió debilitado y sin los elementos que el Poder Ejecutivo Nacional necesita para poder avanzar sobre las mafias. Posteriormente en el Senado se desdibujó aún más, quedando exceptuada la posibilidad de investigar los delitos cometidos en el pasado reciente en el país aplicando la imposibilidad de la retroactividad».

Hubo luego otra discusión en la Cámara baja al retornar el proyecto: ¿se insistía en el que desde allí fue al Senado o se aceptaba éste? No hubo debate y por ese motivo Macri anunció por decreto la medida.

«ES VALIDA»

Aicega defendió la constitucionalidad de la medida diciendo que «es válida porque está legislando respecto a cuestión del Derecho Civil y Comercial. Estaría vedada si la cuestión tuviera que ver con el Derecho Penal. Se quiere que sea un mecanismo ágil y rápido, que le permita al Estado la apropiación de los bienes ilícitamente adquiridos por delitos como el lavado de dinero, narcotráfico y corrupción para darles destinos de utilidad para la población».

Entiende Aicega que a las figuras de arrepentidos, de testigos protegidos y otras cuestiones en las que el Gobierno de Cambiemos ha avanzado, «le hacía falta esta última pata que es la extinción de dominio. Con la extinción de dominio, lo robado por los K y empresarios socios volverá a la gente».

Luego subrayó que «el principio básico para que esta investigación civil y comercial sea rápida, que además debe ser promovida por el ministerio publico y fiscal, es la inversión de la carga de la prueba. Cuando uno observa que una persona física o jurídica no puede justificar la enorme cantidad de bienes que tiene, se invierte la carga de la prueba y esa persona es la que debe justificar cómo los obtuvo. Si no lo hace, quedará patentizada la extinción de dominio como una figura que le permita retomar al Estado el control de esos bienes».

En las últimas horas, y coincidiendo con lo que manifestó Aicega en la nota, el ministro del Interior, Rodolfo Frigerio, confirmó que el decreto firmado por el presidente Mauricio Macri para poner en marcha la extinción de dominio «se va a discutir en el Congreso» y «van a quedar bien claras las posiciones» de cada sector. Deberá pasar el filtro de la Comisión Bicameral Permanente, que deberá definir si ratifica o rechaza la norma.

«Macri -recordó Aicega- es el presidente que desde el retorno al período democrático en 1983 ha utilizado en menor cantidad los decretos de necesidad y urgencia. Se trata de una figura que está dentro de los términos que permite la Constitución Nacional».

Consultado sobre el rechazo a la iniciativa del arco opositor, respondió: «No entiendo a la oposición que la rechaza porque hacerlo significa proteger a organizaciones mafiosas. Y desde lo legal, reitero, está dentro de lo que dice la Constitución nacional y las facultades que tiene el presidente y el Congreso».

Punto por punto, qué dice el DNU

En el primero de los 22 artículos aclara que «la extinción de dominio se declara a través de un procedimiento autónomo e independiente de cualquier otro proceso judicial, no pudiendo acumularse a ninguna pretensión».

Uno de los puntos centrales del DNU es la creación de la Procuraduría de extinción de dominio a favor del Estado Nacional, que tendrá facultades para realizar investigaciones de oficio y colaborar con la identificación y localización de bienes» que pudieran provenir de alguno de los delitos enumerados, como corrupción, narcotráfico y trata de personas, entre otros.

La Procuraduría, además, «estará facultada para requerir información a todas las áreas del Estado Nacional así como a entidades públicas y privadas, las que no podrán negarla bajo ninguna circunstancia».

El artículo 5 del decreto señala además que estarán sujetos al régimen «aquellos bienes incorporados al patrimonio del demandado con posterioridad a la fecha de presunta comisión del delito investigado que, por no corresponder razonablemente a los ingresos de su tenedor, poseedor o titular, o representar un incremento patrimonial injustificado, permitan considerar que provienen directa o indirectamente» de algún delito.

Así, quedará incluido, entre otras cosas, «todo bien susceptible de valoración económica, mueble o inmueble, tangible o intangible, registrable o no, los documentos o instrumentos jurídicos que acrediten la propiedad». También «la transformación o conversión parcial o total, física o jurídica» de esos bienes y «los ingresos, rentas, frutos, ganancias y otros beneficios derivados».

El DNU también establece que «la parte demandada tiene la carga probatoria de demostrar que el o los bienes y derechos objeto de la acción de extinción de dominio, se incorporaron a su patrimonio con anterioridad a la fecha de presunta comisión del delito investigado o el origen lícito de los fondos con los que los hubiera adquirido», aunque aclara que «no será de aplicación la prueba confesional».

En caso de que aquella persona a la que se le haya aplicado la extinción de dominio sea finalmente sobreseída o absuelta, el Estado nacional estará obligado a «restituir el bien o derecho a su anterior poseedor o titular o, de resultar imposible, entregarle un valor equivalente en dinero».

Según el artículo 13, los bienes incautados serán administrados por la Agencia de Administración de Bienes del Estado, mientras que el dinero en efectivo así como los instrumentos financieros quedarán en manos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad que funciona bajo la órbita de la ANSeS.

Si bien esos bienes deberán ser subastados, el DNU habilita a los jueces a «ordenar la venta anticipada de los bienes cautelados cuando el afectado manifieste su consentimiento».

Un punto esencial es que la acción de extinción de dominio prescribe a los 20 años. Según el artículo 16, «el plazo comienza a computarse desde la fecha de ingreso al patrimonio de los titulares o poseedores del bien o de los bienes objeto de la presente acción. Cuando no pudiera determinarse, deberá computarse desde la fecha de presunta comisión del delito investigado en sede penal».

Asimismo, se establece la posibilidad de implementar programas de colaboración de personas que aporten información relevante para las investigaciones, fijando una compensación que no podrá exceder del 10 por ciento de los bienes cuyo dominio se declare extinguido.